10 de agosto de 2015

Carta abierta al Hon. Secretario del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Documento Oficial: Click
10 de agosto de 2015
Hon. Rafael Román Meléndez
Secretario del Departamento de Educación
P.O. Box 190759
San Juan, PR 00919-0759


Honorable Secretario:

Las y los que suscriben esta carta, somos estudiantes, ex alumnos y ex alumnas que participan del Pro Bono Enlace con las Escuelas Públicas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, una iniciativa comprometida con diversificar el futuro de la profesión jurídica, aumentando la cantidad de estudiantes del sistema público que llega a la única Escuela de Derecho del sistema público de enseñanza puertorriqueño. Todos los años, nuestro proyecto recibe a más de 150 estudiantes de distintos pueblos de la Isla, quienes nos acompañan a pensar críticamente qué son los derechos y cómo accedemos plenamente a estos. Es precisamente por la importancia central que tiene el derecho a la educación para el Pro Bono Enlace, el estudiantado del sistema público y para Puerto Rico que nos resulta urgente dirigirle esta carta.

Durante las pasadas semanas, y a propósito de la sequía y del regreso a clases, el Departamento de Educación ha anunciado las medidas que asumirá ante el racionamiento. Por un lado, se ha anunciado que en los días en que no haya agua corriente en las escuelas los comedores escolares no ofrecerán desayuno. Por otro lado, se anuncia la implantación de un nuevo horario de días de clase más cortos y una semana escolar que transcurre de lunes a jueves. Según ha informado el propio Departamento a la prensa, estas medidas afectarán cerca de 359 escuelas y a más de 30,000 estudiantes. Analizando el impacto que tendrán estas medidas en la calidad de la educación y el bienestar de las y los estudiantes, nos resulta preocupante que este plan no considere elementos que afectan directamente el derecho a la educación, tales como la pobreza, el hambre, la incapacidad de padres y madres de hacer arreglos con sus patronos para ajustarse al nuevo horario y la falta de participación de la comunidad estudiantil –en su sentido más amplio e incluyendo a los padres y las madres de los y las estudiantes–, entre otros.

Diariamente 102,111 estudiantes desayunan en los comedores escolares. Implantado el plan anunciado por el Departamento, aquellas escuelas que se sirven del embalse Carraízo solo tendrían desayuno disponible un día de la semana escolar, mientras que las escuelas que se sirvan de la Plata solo podrían ofrecer alimentos en la mañana dos veces. No debe perderse de perspectiva que para muchos y muchas estudiantes del sistema público, los alimentos servidos en los comedores escolares son las únicas comidas que tienen garantizadas diariamente. La pobreza y el hambre son realidades de un País que lleva más de una década sumido en una profunda crisis económica, donde las personas se ven obligadas a hurtar pasta de dientes o chuletas para proveerle a sus hijos e hijas una comida mínima. Lo contrario es criminalizar una vez más la pobreza, empujando a las madres y los padres –cuyas neveras y bolsillos ya están vacíos– la obligación de hacer lo imposible para darle a sus hijos qué comer.

En lo que se refiere a la semana escolar más corta, tampoco debe ignorarse que el perfil socio-económico de las madres y los padres de las y los estudiantes del sistema público advierten condiciones laborales precarias. Esto significa que, en muchos casos, no podrán hacer los arreglos necesarios para recoger a sus hijos e hijas más temprano o para coordinar o pagar porque alguien los cuide. Esta medida, tomada sin mayores consideraciones obligan a padres y madres a elegir entre el trabajo y el cuidado de sus hijos, aumentando su situación de vulnerabilidad laboral y económica. Al comienzo de cada año escolar, las madres y padres son llamados a firmar una carta de compromiso con la educación de sus hijos. Para cumplirlo cabalmente, requieren que el Departamento de Educación adopte políticas que les apoyen reconociendo su realidad, en lugar de optar por medidas que terminan por castigarles o imponerles responsabilidades imposibles.

El derecho a la educación no existe en un vacío. Requiere de condiciones que permitan que las y los estudiantes puedan desarrollarse plenamente tanto en el plano académico como personal. El derecho a la educación, para que sea respetado, requiere garantizar otros derechos y mantener una perspectiva realista sobre las circunstancias de la comunidad ante la que se es responsable. Un estudiante de tercer grado cuyos únicos dos alimentos garantizados son el desayuno y el almuerzo que recibe en el comedor escolar, no podrá prestar atención a sus clases con el estómago vacío si se le priva de la primera de estas comidas. Una madre con tres trabajos difícilmente podrá hacer los arreglos para recoger a su hija más temprano ni podrá convencer a su patrono de que le permita llevarla al trabajo los viernes. Mucho menos podrá costear un cuido. Esta es la realidad que debe atenderse cuando se asumen medidas y planes de acción que afectará derechos fundamentales.

Señor Secretario, si bien usted no es responsable de la sequía que afecta al País, sí es la persona llamada a velar porque se garantice el derecho a la educación a las y los estudiantes que se sirven de las escuelas del sistema público del País. Una sequía es un evento natural inevitable pero previsible. El Departamento de Educación tiene la responsabilidad de crear planes de contención y de manejo de emergencia que no limiten el acceso de las y los estudiantes a alimentos. En tiempos de emergencia, el Departamento tiene que reconocer que las escuelas públicas vienen a asumir funciones que trascienden el ofrecimiento curricular. Son centros de servicio y respiro, lugares seguros para las familias más vulnerables y vulneradas por la crisis.

Entendemos que el Departamento de Educación tiene la obligación de considerar medidas que no interfieran con el derecho de los y las estudiantes a educarse. Existen alternativas que permitirían ofrecer desayuno en los comedores escolares sin requerir el gasto de cantidades significativas de agua tales como el ofrecimiento de alimentos pre empacados, frutas, cereales, jugos o leche en envases desechables. Existen numerosas alternativas saludables y que al mismo tiempo son sustentables en el contexto de una sequía. En lo que se requiere a la disminución del período lectivo y las consecuencias que tendría acortar la semana para el propio estudiantado y de sus padres y madres, es prioritario que el Departamento de Educación habilite un sistema de cisternas en la totalidad de las escuelas del sistema público. El derecho a la educación no puede depender de los vaivenes climáticos o de la adopción de medidas que no contemplan las circunstancias de quienes afectan. La educación es un derecho al que todos y todas estamos convocados y convocadas. Nosotros y nosotras estamos llamados a defenderlo. Le exigimos al Departamento de Educación que haga lo mismo.

Atentamente,

María Fernanda Archevald


Ariadna M. Godreau-Aubert
Carlos Ramos Hernández
Guillermo Rebollo-Gil
Natalia Galíndez Velázquez
Frances Santiago Román
Shemirel Guzmán Hernández
Idenis Torres Guzmán
Alejandra Ramos Oquendo
Sonia Rivera Chaparro
William Morales
Rocío De Félix-Dávila
Orlando Velázquez
Noeli Pérez
Alexander Correa
Paulina Mendez



Estudiantes, exalumnos y exalumnas del programa Pro Bono Enlace con las Escuelas Públicas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
---
Firmas de solidaridad: Click

0 comentarios:

Publicar un comentario